La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) emitió el dictamen final sobre los “Lineamientos para la venta de alimentos y bebidas en los planteles de educación básica”. En él, se expresan los beneficios y costos sociales que generará la regulación propuesta por las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud (SSA).
La regulación entrará en vigor este 23 de agosto, en aquellas escuelas que así lo determinen, y se aplicará de manera obligatoria a partir del 1 de enero de 2011. Durante estos meses, la SEP y la SSA difundirán el contenido de los Lineamientos en los Comités Escolares y se coordinarán con las entidades federativas a efecto de garantizar una aplicación efectiva y óptimo funcionamiento de la regulación.
La COFEMER coincide en que la obesidad infantil es un problema crítico de salud pública que requiere la inmediata intervención gubernamental para ser revertido. Por tal razón, resaltó que las restricciones en las escuelas de educación básica constituyen un paso muy importante, con el cual México se suma a los 15 países en el mundo que han implementado este tipo de medidas.
En su dictamen final emitido por el Coordinador General de Mejora Regulatoria Sectorial, Julio César Rocha López, la COFEMER concluye que los Lineamientos arrojarían un impacto social neto favorable en el orden de 26,439 millones de pesos (beneficios sociales totales menos costos sociales totales).
Los beneficios totales de la regulación se estimaron en 43,094 millones de pesos, de los cuales 13,743 millones corresponderían a menor gasto en servicios médicos, 16,462 millones al aumento en la expectativa de vida de la población y 12,889 millones al incremento en ventas de frutas y verduras.
Por su parte, los costos totales de la regulación se estimaron como máximo en 16,655 millones de pesos, de los cuales 10,197 millones corresponderían a las adecuaciones de la industria a sus procesos de producción a fin de obtener alimentos con menor contenido calórico y 6,458 millones a los costos para las escuelas y los gobiernos locales por la implementación de los propios Lineamientos.
Los argumentos vertidos en el dictamen final están basados en múltiples estudios de organismos internacionales e institutos de investigación, tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Instituto Nacional de Salud Pública de México, el Instituto Rand de los Estados Unidos y la Asociación Internacional para el Estudio de la Obesidad (International Obesity Taskforce).
Durante el proceso de consulta pública, la COFEMER recibió 884 comentarios de la sociedad civil, industria y gobierno.
Una de las principales modificaciones a los Lineamientos fue la sustitución del criterio de densidad energética por el de grasas totales, mismo que la COFEMER considera adecuado en la medida de que sea efectivo para disminuir el contenido calórico de los alimentos que se expenden en las escuelas.
Asimismo, mediante la nueva regulación, se excluye todo tipo de bebidas distintas al agua potable en primarias a fin de disuadir el gusto por los endulzantes en la población en etapa de formación. Para el caso de secundarias, únicamente se permitirán bebidas sin cafeína, con límites en edulcorantes no calóricos y en sodio.
Los jugos, néctares, leche, lácteos y derivados de soya se clasifican como alimentos líquidos en virtud de que contienen alto contenido nutrimental. No obstante, la nueva regulación les establece límites en cuanto a calorías, grasas y azúcares.
Finalmente, el dictamen resalta que la obesidad infantil es un problema multifactorial que requiere de diversas políticas y acciones que competen a diversos actores de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad civil. El origen del problema radica en el desbalance calórico de los menores (mayor ingesta y menor gasto calórico) mismo que se motiva por los hábitos inadecuados de la población.
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